El plan del Gobierno para evitar que las Madres vayan presas

La presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el resto de las madres que integran el Consejo de Administración de la entidad estuvieron a punto de quedar comprometidas en la causa que instruye el juez federal Norberto Oyarbide. Dos altas fuentes judiciales, que pertenecen al reducido grupo de investigadores con acceso al expediente, confiaron a PERFIL que Bonafini estaba en la mira debido a su “escasa voluntad para colaborar” en la causa por malversación de fondos y lavado de dinero. Pero eso no era todo.
También contaron que fue la aparición de un contrato entre la Fundación y la empresa Meldorek para la provisión de construcciones móviles con fecha 28 de diciembre de 2010 lo que prendió una alerta en la Justicia sobre la posible complicidad de Bonafini. “Estaban al borde de la indagatoria, junto con Schoklender”, le confesó a este diario una altísima fuente de la causa.

El acuerdo escrito entre las Madres y la constructora de Schoklender llevaba la firma de Bonafini, quien hasta el momento decía desconocer a Meldorek. En representación de la compañía –que para los investigadores es una pantalla o una empresa incipiente, ya que carece de empleados u obras propias–, firmó Alejandro Gotkin, el socio de Schoklender más comprometido en la imputación. “Se estudia si ese contrato se usó para abrir cuentas bancarias y pedir créditos, además de desviar fondos públicos a Meldorek”, agregó el investigador.

La alerta habría surtido efecto. “No bien se analizó lo que significaba ese contrato, el juez aceptó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo como querellante en la causa”, contó una alta fuente de la causa. Todo sucedió en pocas horas y fue notificado el 1º de agosto. Así, las Madres quedaron cubiertas, ya que no pueden ser enjuiciadas bajo esa figura legal. “Si no fueran las Madres y se tratara de otra fundación, estarían hasta el cuello”, confió a este diario esa fuente.

Antes de que trascendiera que ese contrato estaba en poder del juez, los abogados de la Fundación solicitaron que se analizara si había documentación donde se falsificó la firma de la presidenta de la entidad, como adelantó este diario. Bonafini sospechaba, dijeron, que Schoklender podría haberla comprometido falsificando su rúbrica. El juez ordenó una pericia caligráfica a Gendarmería. Se contrastaron cinco firmas anteriores de Hebe, que constan en escritos, petitorios y actas, con el contrato sospechoso. El resultado fue que la firma de Bonafini había sido falsificada, por lo que Hebe no podía conocer lo que decía desconocer. “Ese contrato también figura en los libros de actas de la Fundación. ¿Eso tampoco lo vio?”, sugirió irónico uno de los principales imputados en la causa.

Una de las altas fuentes judiciales consultadas también duda de que la pericia caligráfica ordenada por Oyarbide tenga validez, ya que no se notificó a las partes como exige el procedimiento legal. Ese mismo argumento es el que usará Schoklender para pedir la nulidad de la pericia.

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